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Corrupción, sobreprecios y abandono en Coronel Suárez: la escandalosa obra de la nueva terminal de ómnibus que se empezó hace doce años y nunca se terminó
22 de noviembre, 2023
Los habitantes nunca la pidieron, pero el gobierno de entonces decidió hacerla igual. Entre escombros, estructuras oxidadas y pastizales que llegan al metro de altura, en el municipio bonaerense de Coronel Suárez hay una gran terminal de ómnibus en la que lo único que ingresan son palomas.
Ubicada en la esquina de Gregoria Matorras y Grand Bourg, un mamotreto de concreto abandonado es sinónimo de desidia y corrupción. Con denuncias de sobreprecios, las licitaciones de esta terminal de ómnibus son un capítulo más de la escandalosa gestión de las obras públicas en Argentina.
Esta historia -cuyo final aún no se vislumbra- comenzó cuando la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó a fines del año 2008 un Plan de Obra Pública Nacional. La secretaría de obras públicas de la nación a cargo de José López, conocido por la causa de los bolsos en el convento de General Rodríguez, aprobó en 2009 el convenio con el Municipio de Coronel Suárez para realizar una nueva terminal en la ciudad cabecera de su distrito.
Si bien hace décadas que la ciudad cuenta con su terminal de ómnibus, ésta se encuentra en una zona céntrica de la ciudad y acceder a ella puede resultar algo engorroso para los transportes de larga distancia. Por este motivo, la administración municipal decidió destinar los fondos provenientes del Estado nacional a una construcción que se ubicaría en un rápido acceso desde la Ruta Provincial 85 para facilitar y mejorar el servicio de transporte de ómnibus. Hasta el día de hoy eso no sucede.
El 8 de abril de 2009 al municipio se le asignó una financiación inicial de $1.606.156 dólares para realizar dicha construcción, aunque treinta días después de hacer el llamado a licitación el presupuesto se elevaría a $1.849.866 dólares a pedido del Departamento Ejecutivo a cargo de Ricardo Moccero.
Un sinfín de postergaciones
Al ser una construcción de gran envergadura, en su momento, solo dos empresas locales participaron de la licitación: DA Construcciones y AZSO Ingeniería SRL. La primera concesión fue rechazada debido a la falta de constitución de garantías conforme lo exigía el Pliego de Bases y Condiciones. Por el contrario, en el caso de AZSO Ingeniería la oferta también debió ser rechazada ya que, si bien la empresa contaba con socios que manifestaron tener experiencia en el rubro construcción, su inicio de actividad se registró el 17 de abril de 2009 en la AFIP, es decir diez días después de que se llamara a licitación la obra. Esto implicaría que la empresa no contase con los antecedentes mínimos que exigía el pliego, pero al ejecutivo parecería no importarle para adjudicarle el trabajo de todas formas. Pese a haber sido anunciada como ganadora de la licitación el 14 de mayo de 2009, no fue hasta dos años después que el municipio y la empresa firmaron el contrato el 9 de mayo de 2011. De acuerdo con la empresa, el tiempo transcurrido se debió a que nunca llegó el anticipo del 15% que daría inicio a la construcción. En esos dos años de espera, el anticipo se devaluó un 13,5%, pasando a equivaler unos $242.389 dólares.
El 20 de mayo de 2011, finalmente se suscribió el acta de replanteo y se dio inicio a la construcción, que tenía un plazo de 240 días. Para el 30 de enero de 2012 la obra tenía un avance teórico de 63,82%, aunque ya habían transcurrido los 8 meses del tiempo estipulado de realización, y por esta razón, se amplió 180 días más el plazo de obra.
Después de los problemas iniciales con la adjudicación del contrato, el 26 de marzo de 2012, dos vigas de más de 12 toneladas colapsaron de la estructura central, lo que pudo haber sido una tragedia si la terminal hubiera estado en funcionamiento (o en construcción). Este suceso sembró dudas tanto sobre la capacidad técnica como la seguridad de la estructura.
De las promesas al derrumbe
Si bien los suarenses no estaban al tanto de todos los detalles de la obra, la caída de semejantes columnas dejó en evidencia la falta de idoneidad de la construcción. Al hacerse público este suceso, los concejales pusieron luz en este hito en la sesión del concejo deliberante del 12 de abril de 2012, solicitando al Departamento Ejecutivo que suspenda la construcción hasta esclarecer las causas que derivaron en la caída de las dos vigas y así también evaluar el estado general de la estructura.
El 28 de diciembre de 2012 se postergaron los plazos de la obra debido a la falta de adecuación del precio total del proyecto. Para el 15 de Febrero de 2013, se reinició la obra a pedido de la empresa sin importar la falta de resolución de la actualización de precio. Como era de preverse, no se continuó con la construcción y ello quedó acreditado con la falta de certificación de avance de obra. Para el 17 de julio de 2013 el plazo de la obra ya estaba vencido, pero fue ampliado por un período de 180 días nuevamente.
De común acuerdo entre ambas partes y con un avance teórico del 66% en la obra, según consta en el acta de recepción provisoria, el contrato fue rescindido el 10 de noviembre de 2015, sin que se alegaran razones específicas. Esto ocurrió 30 días antes de que el intendente dejara el cargo que había ocupado durante 20 años.
Aun así, el vínculo entre el municipio y la empresa no terminó al firmar la rescisión del contrato. De acuerdo con la ley de obras públicas número 6.021 de la Provincia de Buenos Aires, una vez cumplido el período de garantía de 180 días estipulado en el acuerdo se debía proceder a la recepción definitiva de la obra de manera automática. Sin embargo, el municipio no cumplió con este paso, lo que llevó a que AZSO Ingeniería demandara al municipio cuatro años después, reclamando la devolución de las pólizas de garantía, los fondos de reparo y la firma del acta de recepción definitiva, además de los intereses generados por los retrasos.
En otras palabras, si bien el presupuesto al momento de licitar la obra era de $1.849.866 dólares, tras haber empezado la construcción dos años más tarde y luego de cuatro años de contrato, el monto final se redujo a $1.020.977 dólares, de los cuales se habrían pagado $750.793 dólares presuntamente.
La última licitación: empañada de sospechas
Desde agosto de 2012 hasta mayo de 2022 la terminal quedó paralizada. Con el cambio de gabinete a fines de 2015, el intendente Roberto "Pachi" Palacio manifestó que la obra de la terminal no sería una prioridad en su gestión y durante sus 4 años en el cargo no se colocó ni un ladrillo. Tras el regreso a la intendencia de Ricardo Moccero en 2019, el segundo capítulo de esta historia lo cuenta una nueva empresa, con una nueva licitación.
El 15 de febrero de 2022 se firmó el contrato con la empresa Smith Molina SA, que a diferencia de AZSO Ingeniería contaba con 60 años de experiencia, para que finalice la obra de la nueva terminal. El 2 de mayo de 2022 se inició la obra con un plazo de 300 días y un presupuesto de $1.018.947,47 dólares, que provenían de un convenio que firmó el intendente Moccero con el Ministerio de Transporte. Asimismo, no se ha confirmado públicamente si otras empresas participaron del proceso de licitación, ya que PDI realizó un pedido de información pública al municipio que nunca obtuvo respuesta.
Si el primer contrato terminó rescindido antes de que terminara la obra, con el segundo acuerdo no sería diferente. Habiendo transcurrido apenas un mes desde la fecha de inicio de la obra, el 30 de junio de 2022 la empresa emitió una nota de pedido en donde especificó que tras realizar un informe preliminar de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Buenos Aires se constató que la estructura no presentaba las características mínimas exigidas para considerarla segura y estable. Como consecuencia, la empresa retiró todo el personal hasta que se restablecieran las condiciones de seguridad, lo que terminó en una seguidilla de comunicados, intimaciones y desacuerdos entre la empresa y el municipio. Mientras que la empresa pedía que se lleven a cabo los peritajes necesarios para determinar el estado de la obra y reacomodar los precios y plazos, el municipio no respondió a las solicitudes de la empresa en los períodos estipulados y la señalaba por no cumplir los plazos, pretendiendo que la obra continuase sin haber evaluado su estado real.
Asimismo, Smith Molina SA detalló que las estructuras de hormigón que se realizaron con la empresa anterior no siguieron los parámetros que establece el reglamento CIRSOC (que estaba en vigencia en ese momento y que todas las construcciones de la provincia deben seguir según la ley de obras públicas). Adicionalmente, un grupo de concejales de Coronel Suárez notó en el expediente de la terminal que el cálculo del metro cúbico de hormigón fue de $44.000 pesos mientras que en el municipio el metro cúbico de hormigón se conseguía por $11.500 pesos. Es decir, el hormigón presupuestado para la terminal costaba un 280% más que el colocado en otras obras públicas que se aprobaron en esa época, como la bicisenda y la peatonal de la calle Mitre. El listado de sobreprecios, siempre según la denuncia de los concejales suarenses, continúa en revoques, parasoles, cenefas y marcos de carpintería que se repiten por el mismo monto en el listado, o son materiales que directamente ya están colocados en la obra. Para resolver dudas sobre la última licitación PDI se contactó con Esteban Klaric, responsable técnico de la obra y empleado de Smith Molina, pero el ingeniero civil decidió no emitir comentarios "por la relevancia que está tomando el caso".
Recientemente, el 27 de septiembre de 2023, la causa judicial en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca, donde AZSO Ingeniería denunció al municipio, arrojó nuevos resultados. Una pericia a cargo del ingeniero Oscar José Andrés Muller reveló que el avance real de la obra realizada por AZSO Ingeniería es del 58,85%, mientras que en la última certificación de la obra se había informado un avance del 66%. De esta forma, el perito concluyó que, aunque "el estado de conservación de la obra en general es bueno", la construcción no puede ser utilizada parcialmente como terminal de ómnibus debido a la falta de servicios esenciales como sanitarios, agua, energía eléctrica, iluminación, y condiciones de seguridad. Cabe mencionar que no solo AZSO Ingeniería impugnó la pericia, sino que la municipalidad de Coronel Suárez también lo hizo. Es decir, a pesar de que la evaluación técnica podría haber favorecido al municipio en la disputa legal, este optó por impugnarla.
Una obra que nadie pidió
"Me parece que se podrían haber hecho cloacas para todo lo que falta en Suárez, o se podría haber arreglado el hospital", comentó Ricardo Salerno, presidente del concejo deliberante por Juntos Por el Cambio y uno de los principales denunciantes. Las decisiones sobre el manejo de la obra generaron más controversia cuando, en 2021, el Poder Ejecutivo Nacional resolvió incrementar el presupuesto en un 13% para ajustarse al Manual de Terminales de Ómnibus Inclusivas.
La terminal lleva tantos años abandonada que para los suarenses que no frecuentan la zona la construcción se ha vuelto invisible; sin embargo, para los vecinos del barrio ya es parte del paisaje cotidiano. Veronica, una vecina del barrio aseguró que "mientras estaban los obradores no hubo problemas". Sin embargo, señaló que "El tema es que al estar así de abandonado el lugar se llenó de palomas y plagas. No tenemos nada en contra de los animales, pero yo tengo nenas chiquitas y nos preocupa que puedan llegar a transmitir alguna enfermedad", agregó al destacar las consecuencias de la falta de mantenimiento y abandono de la obra.
En doce años el municipio de Coronel Suárez dilapidó más de 750 mil dólares en una construcción que no se usa porque no sirve. Lo único que se detiene en la terminal de ómnibus abandonada son las denuncias judiciales de las empresas y el descontento de los vecinos. La nueva terminal suarense ya se cataloga como un elefante blanco en la historia de las obras públicas en Argentina.
Por Victoria Distel y Trinidad Klein