Miércoles 18 de octubre, 2023

Doce años y dos causas judiciales: los entramados legales de la nueva terminal suarense

La abogada y concejal del bloque Juntos por el Cambio Valeria Negrin detalla los entramados legales relacionados a la obra

Del latín publĭcus, el término público es un adjetivo que hace referencia a aquello que resulta sabido, notorio o visto por todos. "Todo acto municipal debe reunir los principios de legalidad, transparencia y publicidad", dice Valeria Negrin al ser consultada sobre la transparencia que el municipio debe tener ante sus ciudadanos. En una conversación reciente con PDI, la concejal y abogada habló sobre algunos aspectos legales que se cumplieron o no en la obra de la nueva terminal.

En diciembre de 2008 la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció el lanzamiento de un Plan de Obra Pública cuya finalidad era financiar a través del Estado nacional distintas obras a lo largo de todo el país. Fue a través de este plan que el municipio de Coronel Suárez recibió una financiación inicial equivalente a $1.606.156 dólares que serían invertidos en la construcción de una nueva terminal de ómnibus, ya que la terminal actual está ubicada en una zona central de la ciudad y dificulta los servicios de logística y transporte.

Así, el 8 de abril de 2009 se llamó por primera vez a licitación la nueva terminal de ómnibus de Coronel Suárez por decreto 298. Sin embargo, el 30 de abril sin ningún reparo y alegando razones netamente presupuestarias el Departamento Ejecutivo a cargo de Ricardo Moccero modificó el presupuesto, ampliándolo a $1.849.866 dólares, y dicha modificación se dió conocer los días 7 y 8 de mayo en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y el día 2 en el diario local Diario Nuevo Día. Finalmente, el 12 de mayo se hizo la apertura de sobres y solo dos empresas presentaron sus ofertas: DA Construcciones y AZSO Ingeniería, esta última quien terminaría adjudicada. "En una licitación pública se debe confeccionar un pliego de bases y condiciones técnicas y legales fundado en los términos fijados por el Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades y también la Ley Orgánica Municipal. Se fijan plazos para la presentación de ofertas, se analizan las ofertas y en caso de que cumplan con los requisitos exigidos por el pliego se efectúa la adjudicación de la obra. Aunque en este caso se permitió la participación de dos empresas que no cumplían los requisitos legales y técnicos mínimos establecidos", explicó la abogada. La primera concesión debió ser rechazada por falta de constitución de garantías conforme lo exigía el Pliego de Bases y Condiciones, pero lo insólito fue que la segunda empresa tampoco debió ser aceptada. "En principio, AZSO no cumplía con los requisitos legales y tampoco cumplía los requerimientos técnicos que el pliego exigía. Se había fundado 20 días antes de la presentación de la oferta, y consecuentemente carecía técnicamente de antecedentes de obras de magnitud como la licitada", afirmó Negrin.

A pesar de ser licitada en 2009, no fue hasta mediados de 2011 que la terminal vio sus primeros avances, puesto que la empresa ganadora ni siquiera tenía personal habilitado para la obra adjudicada, y finalmente logró acreditar la inscripción como empleador en el rubro construcción el 4 de mayo de 2011. Por otro lado,  AZSO Ingeniería adjudicaba que este retraso en la realización de la obra se debía a que el municipio nunca le había pasado el 15% del anticipo inicial para iniciar la construcción. Asimismo, el personal fue subcontratado, pese a lo contrario que establecía específicamente el Pliego de Bases y Condiciones.

Tal como consta en las actas de inspección de obra, la empresa en ningún momento cumplió con el plan de obra, o sea con el contrato que establecía un plazo de obra de doscientos cuarenta (240) días a partir del 20 de mayo de 2011. Desde la empresa siempre alegaron que los retrasos en los plazos de obra se debieron a que el municipio no cumplía a tiempo con los pagos y que los precios estaban desactualizados.

Al ser consultada por la existencia de causas judiciales en relación a la obra, Negrin mencionó que actualmente existen dos causas judiciales, ambas iniciadas durante el Gobierno de Cambiemos (2015-2019). Una de ellas en el ámbito Contencioso-Administrativo, el municipio demandó: "Por haberse adjudicado la obra a una empresa que no cumplía ninguno de los requisitos exigidos por el pliego; por la invalidez del decreto que declaró resuelto el contrato original por infundado y contrario a las normas de la LOM (Ley Orgánica Municipal) al no haber exigido el cumplimiento de los plazos ni tampoco indemnización y/o ejecución de las garantías de cumplimientos de contrato que avalaban a la empresa; por haberse pagado indebidamente ítems contractuales que no se encontraban construidos; por resolver un contrato de obra incumplido sin indemnización, multas contractuales ni reclamo alguno pese a la suspensión unilateral de los trabajos de parte de la empresa; y por no haber ejecutado las pólizas de garantía de cumplimiento". Es preciso destacar que el estado actual de la causa se encuentra pendiente de sentencia con período de prueba ya culminado y las pericias realizadas en la obra avalan los dichos de la demanda. Por otro lado, hay una Causa Penal que imputa a los funcionarios actuantes por incumplimiento de los deberes de Funcionario Público, fundado precisamente en los incumplimientos que sirvieron de base a la demanda Contencioso Administrativa. Dichos funcionarios son: Ricardo Moccero, intendente en el período 2011-2015 y actual intendente; Osvaldo Fuentes Lema, intendente interino en el período comprendido entre diciembre 2013 y mayo 2015; Rubén Guarnieri, ex secretario de Obras Públicas; Jorge Seguí y Leandro Graff en su carácter de Inspectores de Obra; y Alejandro Leonard, Director de Infraestructura de Coronel Suárez.

"El Estado Municipal debe ser quien licita, contrata y adjudica la obra. Eso implica controlar no solamente los plazos de obra sino también la inversión de los fondos pagados en términos de adelantos y calidad de materiales, idoneidad del personal, entre otros", concluye la abogada y concejal. En más de una década el municipio de Coronel Suárez no sólo no terminó con la construcción de la nueva terminal, sino que coleccionó denuncias judiciales a su paso. Ahora, con la obra inconclusa y paralizada hace más de un año, solo queda esperar a que la justicia dictamine el accionar de los funcionarios en esta construcción tan cuestionada.