Miercoles 13 de septiembre, 2023

Ricardo Salerno, ingeniero civil y presidente del Honorable Concejo Deliberante de Coronel Suárez

"La obra está igual que cuando se abandonó en el año 2015"

La construcción de la nueva terminal de ómnibus de Coronel Suárez buscaba traerle soluciones a la ciudad, más que problemas. Iniciada en 2011, luego de doce años y tres licitaciones con distintas empresas, la obra no es más que un gran gigante de cemento cuya condición empeora con el paso del tiempo.

Con controles negligentes o nulos, la obra avanzó hasta llegar a un teórico 65% en noviembre de 2012, según la última certificación de obra. Un informe que arroja muestras de hormigón que están por debajo de los valores mínimos aconsejados; una empresa constructora que no requería los antecedentes necesarios; un adelanto de obra en 65 millones que se pagó y nunca se vio reflejado, y la caída de dos vigas de hormigón que sostenían parte de la estructura son algunos antecedentes que ponen en duda la idoneidad de la obra.

Recientemente, el presidente del Concejo Deliberante de Coronel Suárez, ingeniero Ricardo Salerno habló de las incoherencias que presenta el expediente de la obra en una sesión del Concejo Deliberante, lo que generó una respuesta rápida por parte del intendente Ricardo Moccero. En diálogo con PDI, Ricardo Salerno detalló la situación de la construcción.

Con respecto a la empresa que inició la construcción, AZSO Ingeniería y la condición en que dejó la obra, ¿qué pasó ahí? ¿Se acabó la financiación? ¿No se cumplió con las reglamentaciones?

El proyecto vino hecho a través de una consultoría, de un estudio de ingeniería, o de la nación en su momento. Cuando se hace la licitación, esta empresa no requería los precedentes legales que debía tener para realizar la obra. Hubo inflación en el medio y también hubo una serie de funcionamientos económicos de la empresa para no poder continuar porque la plata no venía y faltaban actualizaciones. Finalmente las actualizaciones se pagaron, pero claramente tampoco hubo de parte de la municipalidad un seguimiento. Una vez que el intendente Moccero pierde las elecciones en el 2015 se ve reflejada esa sobre facturación que está fielmente demostrada en el expediente judicial a través de un perito que dictaminó el juez, no de un perito de parte, de un 8% más de lo que se le pagó a la empresa.

¿Hubo avance real en la obra desde la última licitación en 2021? ¿En qué condiciones se encuentra actualmente la nueva terminal?

Hubo dos certificaciones muy chiquitas que llegan entre un 7 u 8 % que realizó la empresa Molina Smith, la ganadora de la última licitación, y que fue inclusive pagada por el municipio. En realidad, las obras fueron mínimas, y cualquier persona que pase puede observar que lo que hicieron fue ínfimo, y eso en virtud de los porcentajes de avance. Estos avances están contemplados en el pliego y aunque se haya limpiado el lugar e instalado un obrador, sustancialmente la obra está igual que cuando se abandonó en 2015.

¿Cómo fue el vínculo entre el municipio y Smith Molina, la última empresa constructora?

Para empezar, el Estado nunca hizo las cosas como corresponde. Por otro lado, la empresa hizo poco desde el punto de vista técnico, dado que se encontró con un gran quilombo en la construcción y decidió no seguir con la obra tal cual lo dictaminó el pliego y esperar a ver qué hace el municipio. Para resolver el problema, Smith Molina pedía otra obra, con otros números y otros tiempos y así poder asegurar la estabilidad y mejorar la estructura, cosa que el Estado municipal nunca aceptó, ya que eso implicaba admitir el grave problema que tiene la obra. La empresa buscó posicionarse ante un eventual litigio de la mejor manera posible y así fue cómo el municipio decidió rescindir el contrato unilateralmente.

¿Cuándo se hizo evidente para vos que la obra no avanzaba como debería?

Para noviembre del 2022 había muy poco movimiento. Traían una máquina, sacaban el pastizal y según me confesó el padre de un conocido mío que era sereno, lo habían despedido "porque no avanzaba la obra". Todos pensábamos en ese momento que era porque no venía la plata de la nación. Nadie podía pensar en semejante desenlace de ese tipo. El intendente dice en sus declaraciones que "la empresa se va porque hubo inflación", pero no hay evidencia en el expediente que respalde esta afirmación. La empresa no se va porque hubo inflación, ya que existe una forma legal de que la empresa pueda cobrar mayores costos en caso de ser necesarios, sino nadie haría obras públicas en este país. Podrán tardar más, podrán tener gastos legales, pero al final este tipo de obras se cumplen, aunque puntualmente no sea el caso.

¿El municipio estuvo en algún momento en posición de admitir que había un error en la infraestructura y la seguridad de la obra?

Desde mi punto de vista como ingeniero y como ex Secretario de Obras Públicas, yo siempre creí que una vez que se le adicionaron las columnas adelante que no estaban en el anteproyecto, eso salvaría los problemas que había tenido desde el punto de vista constructivo. Nunca me hubiese imaginado que esto iba a tener semejante trasfondo con este reciente estudio (informe presentado por la UTN de Buenos Aires), donde dice que los materiales que están colocados no tienen la resistencia que deberían tener para que esto sea seguro y estable.

¿Qué normas o reglamentos se incumplieron en la realización de la terminal?

La Ley Provincial de Obras Públicas 6021 es la que estipula cómo hacer una obra pública. Después está el espíritu del profesional que la hace. Si vos me preguntas a mí, claramente hay un copie y pegue de cosas anteriores y no hay una real valoración de esto. Entonces, si estás en un país donde la inflación no incide, no importa que la póliza del seguro de caución no tenga ajuste por inflación porque no va a resolver nada, pero en un país como el nuestro hay que tener en cuenta eso. Desde el punto de vista del concepto, suponer que una empresa que gana la licitación deba luego evaluar cómo está la estructura implica que vos estás marcando el camino para meterte en un callejón sin salida. Si sale bien no pasa nada, pero si sale mal, como en este caso, la empresa no va a poner su trabajo ahí para después ser ellos los responsables desde el punto de vista legal y económico de un problema que se pueda ocasionar.

Por todo lo que nos decís, ¿podríamos afirmar que el municipio malversó fondos públicos con la nueva terminal?

En el gobierno de Coronel Suárez lo que sí está claro es que se dilapidó dinero público, sin lugar a dudas, por donde lo mirés. En la primera licitación, en la segunda, y si seguimos así, lo vamos a seguir dilapidando. Eso creo que también es algo que al vecino le tiene que importar por la cantidad de pesos que se gastaron en un mamotreto que solo sirve de palomar. Hay un montón de preguntas, pero no se las tendría que hacer Ricardo Salerno como presidente del Concejo, se las tendría que hacer la justicia.

¿De qué otra forma se podrían haber invertido los fondos públicos que fueron destinados a la nueva terminal?

En la época del gobierno de María Eugenia Vidal como gobernadora (2015-2019), no había financiamiento para una obra de semejante envergadura: terminábamos la terminal o hacíamos un montón de obras para vecinos como cloacas, agua o pavimento. Teniendo en cuenta las dificultades legales, la imprudente administración municipal y la falta de transparencia que tenía este asunto, la decisión política en ese entonces fue conocer qué dice la justicia y después ver qué pasa. Me parece que se podrían haber hecho cloacas para todo lo que falta en Suárez, o se podría haber arreglado el hospital.

Entonces, desde tu opinión de ingeniero, ¿qué se debería hacer hoy con la nueva terminal?

Si la resistencia que nos dice la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, que coincide en una parte con la Universidad Tecnológica de Bahía Blanca, resulta ser esa y claramente es menor que la que se originó en el cálculo, o la que desde el punto de vista reglamentario había o hay, la obra no es estable ni segura. Las obras no se caen porque usas un reglamento, las obras no se caen porque están bien hechas. Si vos usas bien un reglamento, pero lo hacés mal, se va a caer igual. Acá claramente hay que asumir que estamos en un problema grande y que puede tener consecuencias realmente peligrosas. ¿Qué se debe hacer? Que el Estado municipal contrate a una universidad -que no sea la de La Plata ni la de Bahía Blanca-, que tenga la suficiente idoneidad y la suficiente experiencia en lo que es el cálculo estructural, y que determine claramente cuáles son los pasos a seguir. Y lo que diga ese profesional, acatarlo. Porque con su firma va a avalar lo que pase, para bien o para mal.